V.- PROPUESTAS
DE GOBIERNO DE LA UNIDAD REVOLUCIONARIA OBRERO- CAMPESINO, COMUNERA Y POPULAR
130.
La larga
historia de experiencia de lucha y sufrimiento de la clase obrera venezolana,
del campesinado y del pueblo trabajador en general, demuestran que no hay
solución favorable a sus intereses en el marco de las reformas capitalistas.
Las propuestas de la socialdemocracia y la reacción fascista solo mantienen
intactas las causas de la explotación, tendiendo a agudizar los problemas y
penurias de las y los trabajadores y sectores populares en la sociedad. Por eso
es una exigencia del momento posicionar y defender el proyecto histórico del
proletariado, el socialismo y el comunismo, frente a los engaños ideológicos de
la burguesía en el contexto de la profunda y aguda crisis del sistema. Dar la
cara con nuestras propias propuestas revolucionarias porque son las únicas que
auténticamente se plantean una ruptura con el sistema económico capitalista y
la dominación imperialista que nos condena al atraso, la dependencia y el
saqueo por parte de los monopolios.
131.
Sólo la clase obrera con identidad y conciencia de clase, en alianza
estratégica con el conjunto de las clases y capas sociales explotadas y
oprimidas de la sociedad capitalista, bajo la dirección de su partido, puede
transformar revolucionariamente la realidad en favor de sus intereses y de los
objetivos nacional-liberadores. No hay solución fuera de la propia iniciativa y
capacidad revolucionaria de la clase obrera y del pueblo trabajador de la
ciudad y el campo.
132. Como lo señala nuestro Programa (VI Congreso, 1980):
“El PCV está consciente de que la sustitución del Estado burgués por un Estado de democracia socialista es una tarea de gran magnitud, pues no se trata del desplazamiento de un equipo de gobierno, sino la
radical sustitución de las clases sociales reaccionarias por otras progresistas en las posiciones dirigentes de la sociedad. Ello significará liquidar la dominación que ejerce hoy en nuestro país la capa monopólica
de la burguesía, absolutamente
minoritaria, sobre la clase obrera
y las otras clases y capas de la
sociedad. La construcción
de la sociedad socialista plantea la necesidad de poner en práctica,
transitoriamente y
en reemplazo de la dictadura de clase de la burguesía, la dictadura del proletariado,
nueva y verdadera democracia, ya que está orientada a defender las conquistas y el poder del pueblo de las
agresiones imperialistas y de
la clase desplazada de las
posiciones
de mando del Estado. La dictadura
del proletariado significa atar las manos criminales de los explotadores desesperados por la pérdida
del poder y ampliar las libertades para el
pueblo.”
133. Partiendo
de las caracterizaciones
y
definiciones antes
mencionadas,
le presentamos
al
pueblo
venezolano un conjunto de políticas, medidas y acciones revolucionarias que apuntan a salir de la crisis del
sistema capitalista dependiente, desde
el ejercicio de un gobierno
democrático-popular revolucionario, para el inicio de la transición hacia
el Socialismo sobre fundamentos científicos.
En tal sentido, nos proponemos luchar por:
1.
Nueva organización del Estado de carácter democrático-popular revolucionario
134. Constituir
un
gobierno
democrático-popular revolucionario
que
sea
expresión del
conjunto de las fuerzas obreras,
campesinas, populares y
revolucionarias venezolanas; caracterizado por una concepción de dirección política unitaria y colectiva, integrada por los factores políticos y sociales más comprometidos con la perspectiva de una transformación profunda de la sociedad capitalista dependiente venezolana y
su modelo de acumulación rentista, la cual
asuma conjuntamente la definición y formulación del
carácter del modelo de desarrollo
nacional, así como la
estrategia y las tácticas del proceso revolucionario.
Dicho gobierno democrático-popular revolucionario se plantea:
135. Construcción del auténtico Poder Popular,
articulando, unificando y dándole fuerza orgánica y política a los actuales y
nuevos embriones de poder popular que yacen en las bases obreras, campesinas,
comunales y populares, elevándolos al ejercicio de dirección real del nuevo
Estado Democrático Popular Revolucionario. En esas condiciones, las estructuras
del Poder Popular no serán
–como lo concibe el reformismo socialdemócrata- instancias circunscritas a un nivel territorial, inferiores
y tuteladas al aparato del Estado burgués;
el poder popular no será un poder
subordinado a otro “superior”, ni una nueva rama ni un
nuevo nivel del Poder Público. Por el
contrario, será la fuente fundamental de la que emana todo poder en
una democracia popular revolucionaria. La toma de decisiones a todos los
niveles de los poderes del Estado estará sujeta a este principio. De
acuerdo a nuestra concepción estratégica, el Poder Popular, en el proceso de
construcción del Estado Democrático Popular Revolucionario, será la
organización de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y el
campo, en ejercicio de su dictadura revolucionaria de clase.
136. Convocar a todo el movimiento popular y sus vocerías, en particular a los consejos de trabajadores y trabajadoras, organizaciones sindicales clasistas, colectivos y
consejos de delegados y delegadas de prevención, consejos comunales y comunas,
consejos campesinos e indígenas, consejos estudiantiles,
consejos
juveniles culturales y deportivos, entre otros, para la constitución del Consejo Nacional del Poder Popular, a los fines de que asuman poderes efectivos de dirección para el desmantelamiento del Estado burgués
y la construcción del nuevo Estado para la transición revolucionaria hacia el
socialismo, participando en forma directa en la definición y ejecución, seguimiento, control y evaluación de las políticas,
planes y metas
del gobierno democrático-popular revolucionario.
2.
Transformación revolucionaria de la base económica: la salida revolucionaria a
la crisis capitalista
137. Aplicar
una
nueva política
económica revolucionaria,
orientada
a
superar el sistema capitalista
dependiente y rentista, construyendo un modelo económico productivo de nuevo tipo, fundamentado en los consejos del poder popular, que garantice la participación directa de la clase obrera y de todo el pueblo
trabajador de la ciudad y el campo, con sus consejos de trabajadores y
trabajadoras, las comunas, consejos comunales, consejos campesinos y demás
formas organizativas, en la administración, planificación, seguimiento y control de todos los procesos
económicos de la sociedad, a fin de conquistar la plena independencia nacional y, entre otras, la soberanía productiva, alimentaria, tecnológica, y crear condiciones propicias para avanzar en la perspectiva socialista.
138. Nacionalizar de inmediato la banca y todo el sistema financiero, cuya lógica especulativa es contraria al
interés nacional y popular. Las cuantiosas ganancias que obtienen con sorprendente rapidez y facilidad
los
banqueros privados se producen a expensas del debilitamiento de la economía productiva, tendencia del capitalismo mundial de la que no
escapa nuestra economía
nacional, fundamentalmente capitalista,
dependiente y rentista. Con la nacionalización, el Estado obtendrá control de los recursos
para financiar el
desarrollo del aparato productivo nacional, propiciar el pleno empleo, superar el estancamiento de la
economía y garantizar la creciente superación de las condiciones de vida del pueblo venezolano, a la vez que se eliminará uno de los mecanismos principales para la corrupción, el lavado y desvío
de capitales
ilegales, y la fuga
de divisas.
139. Nacionalizar total e inmediatamente
el comercio exterior, y establecer la centralización estatal de las
importaciones. Los
dólares de la República deben ser utilizados para alcanzar el desarrollo productivo
nacional y para la satisfacción creciente de las necesidades de nuestro pueblo. Por ello, el Estado
venezolano debe asumir pleno dominio del comercio exterior bajo un riguroso y transparente
control social, para garantizar el suministro de bienes esenciales y
el funcionamiento óptimo del sector productivo
tanto estatal como
privado. El
otorgamiento de divisas a los importadores privados es contrario
al interés nacional puesto que tiende a descapitalizar a la República, reafirma y
consolida el rentismo y la dependencia, e impide la construcción de soberanía productiva
nacional, además de fortalecer a sectores del
capital profundamente reaccionarios y corrompidos.
140. Establecer inmediato control
obrero y popular sobre los procesos
de producción, distribución y comercialización de los bienes
y servicios fundamentales; abolir el secreto comercial y
contable. Crear un sistema estatal de abastecimiento y
comercialización de alimentos y otros rubros esenciales, bajo control obrero y popular, que desplace efectivamente a las grandes
cadenas privadas de carácter monopólico.
141.
Eliminar los monopolios y oligopolios, proceder a su nacionalización bajo
control obrero y popular.
142. Establecer un nuevo modelo de dirección y gestión de las empresas estatales, bajo control obrero y popular basado en la dirección colectiva y múltiple de los procesos de producción, administración y distribución de bienes y servicios, y que destierre definitivamente los flagelos de la corrupción, la ineficiencia y los métodos autoritarios y antidemocráticos
en la
gestión.
143.
Imponer cárcel y confiscación de bienes a los
corruptos, estén donde estén y sean quienes sean. Crear instrumentos jurídicos
que hagan posible la repatriación de los capitales ilegalmente fugados al
exterior.
144.
Suprimir toda norma que debilite o ceda al capital privado la propiedad y
rectoría estatal sobre los hidrocarburos y su industria integralmente, así como
en general sobre los recursos estratégicos de la nación.
145. Instaurar un sistema científico de planificación central participativa de la economía, que coordine en un todo único la inversión, la producción, la distribución, la acumulación y reinversión de lo producido, y al que estén sujetos todos los sectores y ramas económicas, sean privadas, estatales o mixtas.
A tales efectos será necesario establecer metas cuantitativas precisas, plazos definidos, indicadores objetivos de cumplimiento y mecanismos
de seguimiento y evaluación continua y periódica.
146. Reorganizar y disciplinar las finanzas públicas, estableciendo criterios de racionalidad, eficiencia y
orden en el manejo del presupuesto nacional y
en la administración del tesoro, dentro del marco de
la planificación central
participativa. Establecer un
régimen tributario verdaderamente
progresista que traslade el peso de la carga impositiva hacia los grandes capitales, las actividades especulativas y el
consumo suntuoso; incremente las tasas de impuesto sobre la renta a las personas jurídicas y
grandes
contribuyentes; peche las ganancias excesivas o súbitas y las tierras y bienes de capital ociosos o subutilizados; elimine progresivamente los impuestos al consumo popular como el
IVA; suprima todo
mecanismo de evasión por los
capitalistas; y elimine los tratados contra la doble
tributación.
147. Auditar la
deuda
pública nacional, investigando
posibles casos de endeudamiento
fraudulento, analizando los escenarios y términos de refinanciamiento o renegociación, suspendiendo los pagos de
servicio en ciertos casos y considerando la posibilidad de declaración de una moratoria general de la
porción externa de
la
deuda. Es inaceptable, en
las
actuales condiciones económicas de la República, que
se destinen al pago de la deuda enormes sumas en dólares que deberían ser usadas para financiar el
desarrollo productivo nacional y para proveer
la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo.
148. Iniciar un programa nacional de desarrollo
científico-técnico, estrechamente vinculado a la
industrialización y acelerado crecimiento productivo, con
especial énfasis en la producción manufacturera y
agroindustrial masiva y a gran escala
y con participación protagónica de las y los
trabajadores y sus órganos de participación, así
como las comunas y consejos comunales,
todos integrados en el Consejo
Nacional del Poder Popular. Constituir dos corporaciones estatales de fomento bajo cuya tutela se establezcan, con estricto apego a las prioridades de
la planificación
nacional, grandes
empresas
de propiedad estatal sin
excluir la
participación de
capitales privados en las áreas que se determinen, en el marco de un programa hacia la industrialización
y la soberanía agroalimentaria, dándole la máxima urgencia a las industrias básicas de gran envergadura,
las
de carácter estratégico, y las que atiendan necesidades vitales de la población. Bajo la autoridad de
estos entes estatales, resistentes a la influencia de sectores privados interesados en
medrar a la sombra del gobierno, guiados por los objetivos estratégicos de la plena soberanía y la satisfacción creciente de las necesidades materiales e inmateriales del pueblo, y
con observancia de los criterios de eficiencia, economía de escala y calidad de producción, la reconstrucción de la economía nacional puede tener éxito
perdurable en plazos relativamente cortos.
149. Aplicar una política integral de
desarrollo agroproductivo con soberanía y participación protagónica de los
campesinos y campesinas, las comunas y las trabajadoras y trabajadores, que
contemple: desarrollo productivo con dirección colectiva y rectoría estatal de
los fundos en manos del Estado; superar la injusta tenencia de la tierra con
vocación agrícola, hasta abolir el latifundio; apoyo técnico, financiero y de
insumos a los pequeños y medianos productores; propiciar las condiciones para
la colectivización de la producción agrícola; creación de un banco nacional de
semillas que garantice el abastecimiento y suprima la dependencia de las
semillas transgénicas.
3.
Consolidar y fortalecer los derechos sociales y políticos de la clase obrera y
del pueblo trabajador
150. Establecer el Sistema de Seguridad Social, en correspondencia con el actual
artículo 86 de la Constitución,
dándole plena vigencia y aplicación a la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) y a sus
regímenes prestacionales, y
construyendo un verdadero sistema público nacional de salud que contemple
un plan integral para la
investigación y producción de fármacos, suministros y equipos clínicos, quirúrgicos
y de laboratorio que satisfagan
las necesidades de la población.
151. En el marco del Plan Alternativo de gobierno democrático popular revolucionario, procederemos
a: implementar una política laboral que tienda a desarrollar las capacidades de lucha, de organización y de conciencia
clasista y revolucionaria del
pueblo trabajador de la
ciudad
y
el
campo; proteger la
estabilidad en el trabajo y hacer respetar los fueros de ley y la inamovilidad laboral; garantizar la no discriminación de la mujer en el
trabajo; aplicar sanciones penales para los patronos/patronas que desacaten
órdenes de reenganches; fomentar la cultura del
trabajo y la disciplina laboral, en función de los objetivos del desarrollo económico independiente
y la construcción de las relaciones socialistas de producción; detener
y revertir los cierres fraudulentos y sabotajes patronales de empresas, para reactivar los procesos productivos bajo dirección de las y los
trabajadores.
152. Asimismo, procederemos a: garantizar los derechos colectivos de los trabajadores y las trabajadoras a sindicalización,
libertad sindical, huelga y
negociación colectiva,
fortaleciendo la independencia y autonomía de clase de las organizaciones del movimiento sindical, obrero y campesino; derrotar y revertir la tercerización y toda
forma de simulación y
fraude de la relación laboral; revertir y
proscribir la judicialización, criminalización y
represión de las luchas laborales y del sindicalismo clasista; aprobar la Ley
Especial de los Consejos
Socialistas de Trabajadores y
Trabajadoras, para que éstos jueguen un papel protagónico en los procesos de planificación, administración, seguimiento y control de la producción; garantizar el cumplimiento de los
derechos de las y los
trabajadores sin
excepción; transformar y depurar profundamente los organismos del Estado con competencia en materia laboral y en materia de prevención, salud y seguridad
laboral. En el caso específico de la
mujer trabajadora, garantizarle mayor tiempo
libre para el descanso, la formación, el esparcimiento y para participar en la
vida social, cultural y política, disminuyendo los riegos a
la salud derivados de la doble o triple explotación; asegurar el establecimiento de guarderías para los recién nacidos de las trabajadoras.
153. Establecer un modelo educativo de calidad, al servicio del pueblo y del desarrollo soberano del país, que
sustituya al actual
sistema de enseñanza que responde al modelo económico capitalista rentista e
improductivo. Esta tarea pasa por establecer
nuevos programas curriculares que tengan como centro la formación en el dominio de la
ciencia
y tecnología
a
fin de
apuntalar el
desarrollo de las fuerzas
productivas, que estén acordes a las necesidades de cada región del país, que aprovechen y estimulen los talentos y
habilidades de los estudiantes, que procuren el equilibrio entre los contenidos teóricos y prácticos y fomenten una educación vinculada con el trabajo, y que estimulen un conocimiento profundo
de la historia de lucha de nuestro pueblo contra toda forma de dominación y explotación. Para ello, se debe
desarrollar un nuevo marco jurídico
que incluya la Ley de
Universidades.
154. Implementar políticas públicas de carácter socioeconómico que eliminen la trata y
explotación sexual de
niñas, adolescentes y
mujeres. Establecer dentro del sistema educativo programas obligatorios
de equidad de género y educación
sexual integral, que permitan la superación de la cultura patriarcal
y promuevan los valores de igualdad
de género en todos los ámbitos. Establecer, como parte de la lucha por la emancipación de la mujer, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, especialmente en cuanto a la
legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y su inclusión en la sanidad pública con
carácter gratuito;
desarrollar campañas y programas para enfrentar todos los tipos de violencia que desde
el sistema capitalista se ejercen contra las mujeres, como la trata, la explotación y el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, intracomunitaria y
política, la violencia en los medios de comunicación, la
discriminación y la violencia en los centros de salud, de trabajo y de estudio; garantizar en los centros de salud pública, programas de atención integral
a las mujeres sometidas a violencia en el ámbito público y privado.
155. Implementar un programa
gubernamental para la promoción del empleo juvenil que garantice, por un lado, un digno inicio de la experiencia laboral de los jóvenes trabajadores con pleno respeto de sus derechos fundamentales de
acuerdo a la ley; y, por otro lado, desde el
sistema científico de planificación central participativa de la economía, se
debe promover y garantizar la incorporación masiva y planificada de las y los pasantes de
pregrado y egresados del subsistema universitario y escuelas técnicas a los planes estratégicos de
desarrollo agrario e industrial del
país.
156. Se garantizará el derecho del pueblo trabajador y
de los jóvenes en particular al acceso universal, gratuito y de calidad al
deporte, la cultura y la recreación, como beneficios esenciales para la salud y
la formación integral de nuestro pueblo. Para tal fin, el estado generará
programas que aseguren la inversión eficiente en la construcción y
mantenimiento de la infraestructura para el disfrute y ejercicio masivo de este
derecho fundamental en los centros de estudio, trabajo y lugares de residencia
157. Desarrollar un Plan Integral de
defensa y seguridad del pueblo, para lograr el desmantelamiento de bandas y
megabandas criminales que ejercen control territorial, desarrollando una combinación de políticas, programas y acciones dirigidas a destruir las mafias del “pranato”, el narcotráfico
y el mercenarismo que actúan impunemente amparados en la corrupción carcelaria, policial y judicial. Transformar el sistema penitenciario venezolano, abatiendo la corrupción y
profundizando la conversión de las cárceles en centros
de trabajo productivo, desarrollo educativo, cultural y
deportivo. Desarrollar acciones decisivas de inteligencia policial y
social para detectar a los grupos mercenarios instalados en diversos espacios territoriales y proceder a
su neutralización y captura.
4. Por la independencia y defensa del
derecho a la soberanía y autodeterminación de nuestro pueblo
158. El
Estado Democrático-Popular Revolucionario profundizará y fortalecerá una
política exterior soberana e independiente, desarrollando relaciones con todos
los países y pueblos del mundo, sobre la base de la coexistencia pacífica, el
respeto mutuo y la autodeterminación de los pueblos. Reforzará los nexos con
todos los países socialistas y con los países liberados de la dominación
imperialista. Se profundizará la activa política a favor de la paz mundial, del
desarme y de la distensión internacional, en contra del guerrerismo y el
militarismo imperialista.
159.
Todos los convenios internacionales deberán ser conocidos por el pueblo
venezolano y los de carácter socio-laboral deben garantizar los derechos
laborales y de seguridad social conquistados por los trabajadores y
trabajadoras.
160. Se profundizarán los procesos de
integración en la América Latina y el Caribe, sobre la base de la defensa
eficaz de los intereses nacionales comunes de nuestros pueblos frente al
poderío de las transnacionales y de las diversas agencias económicas del
imperialismo, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo y otros.
161. Venezuela denunciará el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), continuará el rechazo de las
injerencias de la CIA y otros cuerpos policiales yanquis, no participará en
maniobras militares pro-imperialistas y no permitirá la injerencia imperialista
a través de agencias como la USAID y las ONG en los asuntos internos del país.
162. Seguirá propiciando el arreglo
pacífico de las controversias con Colombia, dentro de un espíritu bolivariano y
mantendrá su renuncia a toda política de fuerza contra Guyana y de presiones
sobre otros pueblos de la región caribeña.
163. El Estado Democrático-Popular
Revolucionario contribuirá a la transformación de la Organización de las
Naciones Unidas y respaldará las decisiones justas de todos sus organismos, así
como no apoyará las resoluciones para incrementar las intervenciones militares
imperialistas, exigirá el cumplimiento de las resoluciones que condenan el
bloqueo contra Cuba socialista y las que se han adoptado para beneficio del
pueblo palestino.
164. Se luchará contra el racismo, el
sionismo, el fascismo, todo sistema de segregación racial y cualquier otro tipo
de discriminaciones entre los seres humanos. Se profundizará una activa
política de solidaridad con los movimientos de liberación nacional y las luchas
de los movimientos obreros y populares por sus justas reivindicaciones,
enmarcado en el internacionalismo proletario.
165. Adelantar una ofensiva internacional promoviendo la solidaridad con el nuevo gobierno
democrático-
popular revolucionario de Venezuela, fortaleciendo la multipolaridad y las alianzas estratégicas antiimperialistas. En este sentido, el
PCV, la JCV y los frentes políticos de masas, en acuerdo con las diversas fuerzas aliadas, impulsaremos
esta
orientación entre las diversas corrientes democráticas, progresistas, populares y revolucionarias a
nivel mundial, al igual que en el movimiento obrero y
comunista internacional, particularmente con el Encuentro Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO), la Federación Sindical Mundial
(FSM), la Federación Mundial
de las Juventudes Democráticas (FMJD), la Federación
Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), y el Consejo Mundial de la Paz (CMP). Continuar la lucha contra la injerencia imperialista, fortaleciendo la denuncia internacional del intervencionismo en los asuntos del
país. Defender la soberanía e integridad territorial de la nación y, en consecuencia,
no entregar en concesión
ninguna porción del territorio nacional.
¡LUCHAR
HASTA VENCER CON LOS
TRABAJADORES AL PODER!
XV CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA (PCV)
Caracas, 22 al 25 de junio de 2017
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